CONTRA EL “REFORMAZO”
#yoquierovotar
Introducción
Os enviamos por su interés y utilidad este documento que ha sido elaborado, en lo
esencial, por la Secretaría de Comunicación de IU de Asturias. Creemos que facilita al
conjunto de la organización una serie de notas sobre los aspectos más relevantes del
acuerdo de reforma de la Constitución que han suscrito PSOE y PP.
Dada la urgencia con la que se ha elaborado, os rogamos disculpéis erratas o errores en
la redacción.
¿Qué supone la reforma de la Constitución?
La reforma que proponen PP y PSOE consiste en limitar desde la constitución el déficit
y considerar con prioridad absoluta el pago de la deuda pública. El límite al déficit no es
algo abstracto: es lo que va a determinar que tengas o no acceso a la educación o a la
sanidad, entre otras muchas cosas. Limitar el déficit es limitar la inversión en la
sociedad.
La propuesta de reforma de la Constitución forma parte del núcleo duro de la política
neoliberal de la UE que ya intentaron imponer con el proyecto de Constitución Europea
que –por desgracia, sólo temporalmente– tanto el pueblo francés como el irlandés
mandaron a la basura de la historia con la victoria del NO en sus respectivos
referéndums (la posición que defendió IU en España).
Esa propuesta es el ejemplo más acabado del llamado Consenso de Bruselas que puso
de acuerdo a conservadores y socialdemócratas para implantar en toda la UE las
políticas neoliberales. Es una garantía para el cumplimiento del “semestre europeo”
que garantiza la imposición de los criterios de la Comisión Europea sobre los acuerdos
de los parlamentos nacionales y confirma bajo su auténtica forma de golpe
antidemocrático la revolución siensiosa que anunció Durao Barroso, Presidente de la
Comisión.
¿Ayuda la reforma a salir de la crisis?
Para salir de la crisis es necesario adoptar el camino contrario al que representa la
reforma del PSOE y PP. Es decir, estimular la actividad económica y facilitar el acceso
al crédito a las pequeñas y medianas empresas así como los autónomos. Y eso supone
que el Estado impulse un programa de inversión pública para hacerlo posible. El sector
privado no invertirá en medio de esta crisis. Un ejemplo de ello es el comportamiento
del sector financiero que tras ser rescatado sigue sin abrir el grifo del crédito para
facilitar la creación de empleo.
Por tanto, la reforma de la Constitución impulsada por PSOE y PP es una medida
que impedirá salir de la crisis y hará imposible que España elimine el déficit social que
tiene respecto a los países de su entorno.
Esta medida es un golpe de mercado contra nuestro sistema democrático. Es un ataque
frontal a los principios más elementales de la democracia. Los intereses de los Consejos
de Administración de los grandes grupos financieros se imponen a la voluntad
democrática. El interés general queda relegado y las decisiones se toman en función del
interés particular de pequeños grupos.
Este acuerdo constata que existen escasas diferencias en materia de política económica
entre el PSOE y el PP. Lo que había resultado imposible durante siete años -poner de
acuerdo a PSOE y PP en una reforma constitucional- se ventiló en el Congreso, por
sorpresa y en diez minutos: los que tardó el presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, en ofrecerla y Mariano Rajoy en aceptarla.
La reforma rompe el consenso que permitió una Constitución que no impedía la
aplicación de políticas progresistas y de ello son responsables las fuerzas que la apoyan,
principalmente PP y PSOE.
Lamentablemente, la Constitución no se ha desarrollado para garantizar la exigencia y
efectividad de los derechos en ella reconocidos, ni para garantizar más justicia social o
eliminar los paraísos fiscales.
¿Por qué quieren reformarla?
Quieren salir de la crisis sacrificando (o enterrando) el Estado del Bienestar. El
problema de fondo es que lo que persiguen el capital financiero, la derecha económica y
política es aprovechar esta crisis para reducir los “excesos”. Y los excesos son los
sistemas públicos de protección (educación, sanidad, servicios sociales) y las conquistas
sociales adquiridas en el último siglo (prestaciones por desempleo, derechos laborales,
sistemas públicos de jubilación…) Todos estos sistemas representan nuevas
oportunidades de negocio para los “mercados” que no son otros que los grupos de
inversión y especulación financiera.
El retraso de la edad de jubilación supone una mayor incertidumbre para miles
de trabajadores. Y esta incertidumbre se traduce en mayores posibilidades de
venta de planes de pensiones privados. Un importante negocio para los bancos y
grupos de inversión que apenas está desarrollado en nuestro país precisamente
gracias a la fortaleza del sistema público de pensiones.
Los recortes en sanidad, educación y servicios sociales supondrán nuevas
oportunidades para el sector privado así como para los bancos que financiarán
este proceso de privatización de los servicios públicos.
Y con estos objetivos se explica su propuesta reformar la Constitución para limitar el
gasto público exigiendo una eliminación del déficit público.
Su aplicación a España significaría un obstáculo para la corrección de su enorme déficit
social. Exigir limitaciones de tal gasto (en un contexto de escaso crecimiento y de
reducción de impuestos) no es sólo un suicidio económico (pues se pierde la
oportunidad de estimular la economía), sino también una condena a mantener
subfinanciado el Estado del bienestar español.
Algunos antecedentes que conviene recordar
En Octubre del 2010 el Consejo Europeo, (formado por los jefes de Estado y
Gobierno de los 27 países que forman la UE) aprobó una reforma del Tratado de
Lisboa, que aunque algo descafeinada, recogía los principios generales de una
importante reforma fiscal y económica. El Consejo defraudó las expectativas de la
Comisión y el BCE que querían un mecanismo de sanciones automáticas para los países
que incumplieran el Pacto de Estabilidad. Lo que la Comisión y el BCE pretendían era
establecer un mecanismo de sanciones Estado por Estado, endureciendo los
procedimientos y propuestas para los desequilibrios que se consideran “excesivos”.
El año pasado se habló incluso de que los 27 debían establecer sanciones para
los países que mostrasen una deriva presupuestaria “poco saludable” aunque no
hubieran superado los límites de déficit y deuda (establecidos en el 3% y el 60% del
PIB, respectivamente). Lo que entonces no dijeron todavía es que figurara en las
respectivas Constituciones de cada país las normas draconianas que entronizan una
arbitraria relación de la DEUDA con el PIB, o la utilización del déficit presupuestario
(que no es más que un instrumento más de política económica) a totem intocable del
comportamiento económico, en lugar de atender a la población, y satisfacer sus
nececidades y sus derechos (como el empleo, la educación, la salud, la vivienda, etc.)
como objetivos fundamentales de las políticas económicas.
Limitar por ley el gasto y la deuda es una aberración
económica
Los déficits son necesarios y una herramienta “extra” en el ámbito económico. No
pueden sostenerse indefinidamente, pero precisamente para combatir la crisis y los
déficits crónicos es necesario que en determinadas fases del ciclo económico se incurra
en déficits importantes. Y sin esa herramienta es más que evidente que no se podrá
salir de la crisis.
Y en economías como la española, que tiene un gran déficit social respecto a los países
de nuestro entorno, los déficits presupuestarios serán imprescindibles incluso en
etapas de bonanza. Las infraestructuras públicas, los servicios educativos y sanitarios
(hospitales, colegios, universidades, centros de investigación…) y en general la
inversión a largo plazo (necesaria no solo para el bienestar de los grupos de población
de menos renta que no se podrían pagar los proporcionados por el mercado) no se
pueden pagar al contado. Sin endeudamiento es muy probable que no se puedan crear y
al no crearse se perderá empleo y riqueza en el futuro.
Porque lo que pone de relieve el cinismo de la propuesta que hacen PP y PSOE es que
limitar el endeudamiento del Estado para financiar la provisión de los bienes y servicios
públicos que se requieren para que haya suficiente y buena actividad económica y
empleo, no va a evitar que haya más deuda. No la habrá pública pero sí privada como
consecuencia de la financiación de los mercados, mucho menos eficiente además, y del
mayor endeudamiento familiar como consecuencia de la pérdida de nivel de vida.
¿Cómo se puede pagar el déficit?
Cuando el Estado tiene que gastar más de lo que ingresa necesita obtener el dinero de
algún lado. Existen diferentes herramientas económicas para conseguir ese dinero,
pero algunas han sido delegadas a instituciones independientes y de la Unión Europea
(como la potestad de imprimir dinero, ahora dominio del Banco Central Europeo).
Por lo tanto, lo común es que el Estado se endeude en el mercado de deuda pública,
donde pide prestado a los inversores financieros. Y estos inversores financieros son
aquellos que tienen dinero de “sobra”, como los bancos y las grandes fortunas que
hacen anualmente millones de beneficios y que cada vez pagan menos impuestos.
La paradoja emergió cuando los propios bancos culpables de la crisis y las grandes
fortunas beneficiadas de las rebajas de impuestos en todo el mundo eran las que
finalmente prestaban dinero al Estado para que éste enjugara los déficits que habían
surgido por su culpa.
En cualquier caso, es obvio que la deuda contraída deberá ser pagada de alguna forma,
y en una situación en la que los gastos superan a los ingresos eso parece difícil. Por esa
razón los economistas neoliberales –que son los que dominan las instituciones
europeas y los que han asesorado a los distintos gobiernos españoles- proponen lo que
se llaman “planes de ajuste”. Estos planes tienen como objetivo prioritario reducir el
gasto público hasta el punto en el que se equilibran de nuevo los ingresos y gastos o
incluso, si es posible, hasta que los ingresos vuelven a ser superiores a los gastos. Por
eso se llaman “políticas de austeridad”.
Lo que no contemplan estos economistas es la posibilidad de intervenir también por el
lado de los ingresos, es decir, afrontando reformas en las políticas fiscales para exigir
más sacrificios a las rentas altas y grandes fortunas.
Las políticas de austeridad no funcionan
El problema es que lo que parece muy intuitivo a nivel doméstico (por ejemplo de una
familia) no lo es tanto para la economía en su conjunto. Es lo que en economía se llama
“falacia de la composición” y que significa que aunque haya medidas que
individualmente sean buenas en realidad si se aplican colectivamente pueden ser
catastróficas. Por eso rebajar los gastos en un momento en el que los gastos superan a
los ingresos puede ser fatal para la economía.
La razón es que el gasto público es un estimulante del crecimiento económico. Eso
significa que si se rebaja el gasto público se reduce la capacidad de crecimiento
económico de una economía, y eso conlleva que habrá menos beneficios empresariales
y menos consumo. Aunque bajemos el gasto público lo que conseguiremos será
deprimir la economía (que entrará en recesión) y por lo tanto también los ingresos
públicos, lo que significa que la relación ingresos-gastos se mantendrá igual. O, lo que
es lo mismo, tendremos los mismos problemas de deuda que antes de comenzar a
rebajar el gasto pero, además de ello a una población que en conjunto será más pobre
(porque verá cómo los servicios públicos se deterioran y se pierden puestos de trabajo y
caen los salarios).
Se necesita más gasto público y debe ser más eficiente
Durante la crisis los economistas neoliberales proponen medidas aparentemente
orientadas a facilitar que las empresas creen empleo. Para eso reducen los tipos de
interés y facilitan préstamos baratos a los bancos, siempre con el objetivo de promover
que las empresas se endeuden para que inviertan (contratando trabajadores y
mejorando la capacidad productiva).
Pero sucede que en un contexto de crisis todas esas medidas no funcionan debido a lo
que se llama “trampa de liquidez”, y que se explica porque las empresas no quieren
invertir porque saben que nadie va a comprar sus productos.
Y como no pueden vender, lo que hacen es despedir trabajadores, y dado que esos
trabajadores son también los consumidores de los productos de otras empresas, al final
la economía profundiza su crisis. Es decir, por más facilidades monetarias que se les dé
a bancos y empresas no se saldrá de la crisis en ningún momento.
Lo que se requiere es que el Estado empuje la economía a través del gasto público.
Cuando el Estado gasta dinero en, por ejemplo, construir una carretera, lo que está
haciendo es pagar sueldos a trabajadores que antes estaban en paro y pagar a empresas
del sector que antes estaban desocupadas.
Eso pondrá dinero en la economía, ya que esos trabajadores gastarán ese dinero en
otras empresas, y esas otras empresas contrataran más trabajadores que a su vez
gastarán también el dinero en más consumo, y sucesivamente. Si el impulso inicial del
gasto público está bien planificado y es suficientemente poderoso, puede salirse de la
crisis. Y además eso permitirá que el Estado recaude mucho más y por lo tanto que sus
ingresos crezcan. Ese crecimiento de los ingresos reducirá la brecha con los gastos e
incluso podrá conseguir que sean superiores.
¿Es excesivo el Gasto social en España?
En España se gasta mucho menos en su sector público de lo que debiera por su nivel de
desarrollo económico.
El PIB per capita de España es ya el 94% del promedio de la UE-15
El gasto público social por habitante (que incluye gasto en pensiones, en
sanidad, en educación, en servicios domiciliarios a personas con dependencia,
en escuelas de infancia, en servicios sociales, en ayudas a las familias, en
vivienda social, entre otros) es sólo el 74% del promedio de la UE-15. Si fuera el
94% (como debiera ser), nos gastaríamos 66.000 millones de euros más en
nuestro Estado del bienestar de lo que nos gastamos ahora.
El problema del sector público (del cual el mayor componente es el Estado del
Bienestar) no es que sea excesivo, sino que está poco desarrollado. España está
a la cola de la Europa social (su gasto público social por habitante es el más bajo
de la UE-15). Como resultado de ello, sólo uno de cada diez españoles adultos
trabaja en los servicios públicos (primordialmente en los servicios públicos del
Estado del bienestar). En Suecia es uno de cada cuatro. Si en España fueran
cuatro, se crearían casi cinco millones de puestos de trabajo, eliminándose el
desempleo.
¿Por qué no se reparten los sacrificios frente a la crisis?
La crisis tuvo como catalizador la explosión de la burbuja financiera e inmobiliaria
como resultado de una economía de casino basada en el fraude y estafa masivos. El
colapso del sistema financiero se evitó gracias al rescate de bancos impulsado (y
financiado) por los Estados. Han pasado ya varios años y los responsables de esta crisis
siguen gozando de una inmunidad que resulta grosera para millones de trabajadores,
pensionistas y jóvenes que han comprobado cómo la crisis se traducía en más
desempleo, menos salarios, recorte de derechos sociales y laborales, privatizaciones,
etc.
Afortunadamente hay excepciones, como Islandia.
El discurso del PSOE y del PP es que hay que hacer reformas y sacrificios para afrontar
la crisis.
Aprobaron la reforma laboral (más temporalidad y más precariedad) porque el
problema del desempleo era el “rígido” mercado laboral español. Sin embargo,
con la reforma vigente desde hace meses, el paro sigue creciendo.
PSOE y PP impulsaron la reforma del sistema de pensiones para retrasar la
edad de la jubilación para garantizar el futuro de las pensiones públicas.
Olvidaron que el problema de nuestro sistema de pensiones no es el número de
pensionistas sino el número de cotizantes. En un país con 5 millones de
personas sin empleo y con un mercado laboral dominado (en el mejor de los
casos) por mileuristas, los ingresos al sistema de pensiones son bajos. Tampoco
adoptaron ninguna medida para garantizar mayores ingresos vía impuestos
para consolidar un sistema que goza de superávit.
El Gobierno del PSOE con el apoyo del PP impulsó nuevas privatizaciones, en
este caso de los aeropuertos y Loterías. El Estado sigue vendiendo las joyas de la
corona para reforzar su liquidez. ¿Qué venderemos cuando ya no tengamos
nada? ¿Cómo conseguiremos liquidez si hemos vaciado la despensa del Estado?
Sin embargo, no se adoptó ni una sola medida que supusiera un mayor sacrificio o
esfuerzo para las rentas de capital o las grandes fortunas de este país. El Gobierno es
fuerte con los débiles y débil con los fuertes. El peso de la crisis sólo se carga a las
espaldas de los trabajadores, pensionistas o jóvenes. Los únicos impuestos que suben
son los que pagamos todos, al margen de nuestros ingresos (los indirectos).
No se adoptó ni una sola medida para impulsar un impuesto específico a los bancos y
las grandes empresas, se mantiene un paraíso fiscal “made in Spain” a través de las
SICAV en las que las grandes fortunas pagan menos impuestos, y un largo etcétera.
Los ingresos del Estado, lo que no dicen PSOE y PP
Los ingresos al Estado español son de los más bajos de la eurozona, representando sólo
un 34% del PIB (el promedio de la UE-15 es un 44%, y en Suecia un 54%) y ello
resultado de una política fiscal sumamente regresiva que favorece enormemente a las
rentas superiores a costa de las rentas del trabajo (en las que se incluye a la mayoría de
la ciudadanía). De ahí el bajo gasto público, incluyendo el social. Querer frenar este
gasto significa, en la práctica, congelar (por mucho que lo nieguen los que proponen tal
medida) cualquier corrección de este enorme déficit.
El crecimiento económico sirvió para bajar los impuestos a los ricos
Los Gobiernos del PSOE y del PP aprovecharon la bonanza económica para beneficiar
principalmente a los propietarios de capital y sobre todo a los del inmobiliario
rebajándoles los impuestos. Basta recordar la célebre frase de Zapatero: “bajar los
impuestos es de izquierdas”.
Redujeron los tramos del impuesto sobre la renta y rebajaron los tipos
impositivos (el porcentaje de impuestos) tanto del impuesto sobre la renta como
de el de sociedades.
Iniciaron un proceso de desgravaciones fiscales (también principalmente
beneficiosas para los más ricos) que suponían que el Estado ingresara menos.
Aún así, y debido a que el gasto público no crecía suficiente para acercarse a los
estándares del resto de países europeos, existía capacidad para ahorrar. Por eso
la economía española ha tenido superávits en las cuentas públicas, es decir, ha
gastado menos de lo que ingresaba. A pesar, como hemos dicho, de que la
capacidad recaudatoria había disminuido.
¿Por qué un referéndum?
Una medida de esta relevancia se pretende adoptar con premeditación y
alevosía. En apenas unas horas se pretende realizar una reforma de la
Constitución. La primera en nuestra historia democrática (tan sólo se reformó
para incluir el derecho al voto pasivo de las personas de la UE residentes en
España). Lo que no se ha hecho en 33 años se pretende hacer en menos de 30
días.
Y todo ello sin permitir que la sociedad española se pronuncie. Una muestra
más de la apuesta por la participación y la democracia tanto del PSOE y del PP.
Pactan en los despachos hipotecar el futuro de las próximas generaciones y
Es una medida que afectaría muy negativamente al Estado del Bienestar español
que está hoy financiado predominantemente a nivel de las Comunidades
Autónomas.
Limitar su gasto implica limitar el poco desarrollado Estado del Bienestar.
Es escasamente democrático que una medida de tal envergadura se apruebe por
las Cortes Españolas sin haber sido consultado el pueblo español.
Esta medida puede significar un ataque frontal al Estado del Bienestar español
que tiene uno de los gastos públicos sociales por habitante más bajos de la
Unión Europea.
Aunque se habla genéricamente de gasto público, la realidad es que este gasto
constituye la mayoría del gasto público y los recortes que se han hecho han sido
predominantemente en las pensiones y en el empleo de los servicios del Estado
del Bienestar, tales como sanidad, educación, servicios domiciliarios, servicios
sociales, vivienda social, pensiones de vejez y otras, así como otros componentes
del Estado del Bienestar.
La Constitución no exige que esta modificación sea aprobada por referéndum
vinculante. Para que los ciudadanos seamos consultados sobre esta cuestión
fundamental que va a afectar al resto de nuestras vidas es necesario que una
décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras lo solicite tras su
aprobación en el Congreso y el Senado.
Los ciudadanos debemos poder votar en un asunto tan fundamental como este.
Se pide a los Diputados y Senadores de todos los grupos políticos que se
comprometan a solicitar la celebración del referéndum para su ratificación
como permite la Constitución en su artículo 167.3.
Es muy importante que se movilice la población para que se exija que una
medida de tal envergadura se vote en referéndum por la población española.
Esta medida afectaría muy negativamente al Estado del Bienestar español que
está hoy financiado predominantemente a nivel de las CCAA. Limitar su gasto
implica limitar el poco desarrollado Estado del Bienestar
