LA OTRA ORILLA PUEBLA (Izquierda Unida)

El coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, responsabilizó hoy a la CEOE de la ruptura del diálogo social entre la patronal, el Gobierno y los sindicatos, al tiempo que valoró que "no se pueden hacer concesiones a un chantaje", en referencia a la actitud demostrada por los empresarios y que, además, tiene "más componentes políticos que económicos".

En rueda de prensa en la sede de IU durante un receso de las jornadas organizadas por esta formación sobre Banca Pública, Lara valoró que "bienvenida sea la ruptura de esos acuerdos. Si se tiene que hacer alguna negociación no puede ser en detrimento del interés de los trabajadores".

El máximo dirigente de IU responsabilizó a la CEOE de querer "hacer negocio a costa de los recursos de la Seguridad Social", más allá de lo que serían unas propuestas para abordar soluciones a la crisis económica con su propuesta de reducir cinco puntos las cotizaciones.

Achacó también a los grandes empresarios de "tensar excesivamente la cuerda" y vinculó la estrategia que habían seguido durante sus últimas reuniones en las conversaciones con los sindicatos y el Gobierno más con los intereses políticos del PP que con los intereses económicos de las pequeñas y medianas empresas.

Para el coordinador general de IU, la gran bajada de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social propuesta no favorece a las pequeñas y medianas empresas (pymes), que están más preocupadas por sus problemas de acceso a la liquidez y los créditos, y "prácticamente no lo notarían".

Cayo Lara entiende que la patronal "quiere darle un bocado de cinco puntos a la Seguridad Social" para favorecer los intereses de las grandes compañías que gestionan fondos de pensiones privados, sin importarle los efectos de su propuesta sobre el futuro del sistema público de pensiones, aún a costa de dejar un régimen público de pensiones mínimo.

Frente a esta realidad y con los malos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) conocidos el día antes encima de la mesa Cayo Lara instó al Gobierno socialista a que se acoja a las propuestas e iniciativas para reactivar el empleo planteadas por IU y apueste por una "política social más de izquierdas".

Izquierda Unida trabaja ya para presentar antes de que acabe 2009 su propuesta de modelo de Banca Pública, que pasa por convertir al Instituto de Crédito Oficial (ICO) en el germen del banco público necesario para impulsar el crédito, ahora ahogado por las crisis, para las familias y las pequeñas y medianas empresas (pymes). Esta propuesta será llevada al Parlamento para buscar el apoyo de otras formaciones.

En este trabajo se enmarcan la I Jornada sobre Banca Pública celebrada este fin de semana en la sede federal de IU, con presencia de representantes sindicales, sociales, de las pequeñas empresas y de la banca social.

Entre las propuestas concretas, IU ve necesario que el ICO tenga infraestructura en todas las capitales de provincia, así como "antenas" en las 22 sucursales con las que cuenta en la actualidad el Banco de España. Esta propuesta es radicalmente distinta al plan de reestructuración que planea el Gobierno para este organismo que cuenta hoy con 289 trabajadores.

El coordinador general de IU, Cayo Lara, lo pone como ejemplo para evitar que "las sucesivas medidas bancarias tomadas por el Gobierno y pagadas con dinero público acaben teniendo que pasar siempre por la ventanilla de los bancos privados. Esto acaba siendo un impuesto reaccionario".

Para Lara, "no está llegando el dinero a las pymes porque los bancos están sirviendo de cuello de botella", incluso para las líneas de financiación ya dispuestas por el ICO. Entiende que "este grave problema de liquidez no está aún resuelto para las empresas" y nos encontramos "ante un modelo abocado a la reestructuración financiera que se corresponde con los intereses de grandes sectores financieros, avalados por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Y todo ello con un gran uso de recursos públicos".

José Antonio García Rubio, responsable federal de Economía y Trabajo de Izquierda Unida, denuncia que "las cifras del paro y de la desprotección social han alcanzado cifras escandalosas, en buena parte por la inacción del Gobierno, en un escenario en el que la gran patronal que representa la CEOE sólo está interesada en ‘llevárselo crudo' sin importarle en absoluto la situación de los desempleados".

Coincidiendo con la publicación de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) referidos al II Trimestre, el dirigente de IU considera que "resulta inadmisible la posición de la CEOE en la llamada negociación social en este contexto de aumento del paro y la desprotección".

"La gran patronal -detalla- quiere aprovechar la incoherencia parlamentaria del Gobierno socialista para hacer caja, meter la mano en la tesorería de la Seguridad Social por un importe superior a los 15.000 millones de euros, según sus propias cifras, y lograr el despido totalmente libre, gratuito y sin posibilidad de defensa jurídica de los trabajadores".

Para García Rubio, "los datos de la EPA muestran a las claras que en España no hay grandes dificultades para despedir trabajadores. Más de 1.755.000 han perdido su empleo en los últimos 12 meses. El aumento de 126.700 parados en el segundo trimestre de 2009 muestra que la crisis está lejos de haber tocado fondo y que, aunque el desempleo aumenta de forma más lenta, sigue creciendo significativamente".

El responsable económico de IU considera "especialmente dramático que siga creciendo aceleradamente el número de familias que tienen a todos sus miembros en paro (1.118.000) y que sean ya más de un millón los parados que llevan más de un año en situación de desempleo. De aceptar el Gobierno totalmente o en parte las pretensiones de la CEOE iríamos a un agravamiento sin precedentes de esta situación".

"Los ayuntamientos no pueden esperar hasta las Elecciones Municipales de 2011 para resolver los graves problemas financieros que arrastran. Deben negarse a aceptarlo y no permitir quedarse tirados hasta 2011, por mucho que José Luis Rodríguez Zapatero haya decidido incumplir su palabra de tener resuelta conjuntamente en 2009 la financiación autonómica y la local". Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida, y Eberhard Grosske, responsable federal de Política Municipal, denuncian así las maniobras del presidente del Gobierno para ‘congelar' las negociaciones para un Pacto Local hasta dentro de dos años, incumpliendo de forma "flagrante y vergonzosa" sus compromisos electorales, parlamentarios y hasta de investidura.

IU considera "inaceptables" las largas dadas por el Gobierno, por decisión de su presidente, a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre la financiación local. "Rodríguez Zapatero incumple la palabra dada en el Debate sobre el estado de la Nación, sus compromisos de investidura y la moción de Izquierda Unida aprobada por unanimidad por el Pleno del Congreso en junio de 2008 obligándose a resolver este año este grave problema", puntualiza Cayo Lara.

Eberhard Grosske añade que "la congelación de las negociaciones con la FEMP resulta particularmente dramática para unas instituciones locales endeudadas y que soportan una importante carga de competencias asumidas de hecho, pero nunca financiadas ni compensadas económicamente".

"Pero, sobre todo -detalla Grosske-, este incumplimiento del Gobierno es dramático para los ciudadanos. Resulta especialmente grave para los sectores más castigados por la crisis económica, los mismos que tienen en los ayuntamientos la puerta natural de entrada para buscar en los poderes públicos la resolución de sus problemas de índole económico y social".

En la misma línea, Cayo Lara añade que "da la impresión de que el Ejecutivo socialista tiene poco dinero para resolver los graves problemas de los ayuntamientos, que son quienes están financiando de verdad con sus recursos la aplicación de competencias que no son suyas, todo en una situación de crisis y de aumento de las demandas de los ciudadanos".

El máximo responsable de IU advierte de que "el Gobierno tiene dinero para los bancos o para compensar las cuotas que le exigen los empresarios dejar de pagar a la Seguridad Social, pero se lo niega a los ayuntamientos".

Ante esta situación, Eberhard Grosske anuncia como responsable federal de Política Municipal que IU una "ofensiva institucional" para llevar a los ayuntamientos, a los parlamentos autonómicos y al Congreso de los Diputados mociones e iniciativas legislativas para denunciar esta situación. "Vamos a exigir la reanudación inmediata de las negociaciones Gobierno-FEMP y la presentación de un proyecto de ley de Financiación Local antes de que termine 2009", indica el dirigente balear de IU.

Por su parte, el coordinador general señala que "la plena confirmación de que el Gobierno congela la negociación hasta que se resuelva la crisis económica hará necesaria una auténtica insurrección de las Corporaciones Locales. Ningún ayuntamiento puede aguantar la situación actual dos años más, a no ser que lo que se quiera sea que se endeuden sin límite a la mayor gloria de los bancos que percibirán los intereses de esos créditos".

"La idea de ir resolviendo la situación con parches es inaceptable por injusta, ineficiente y, sobre todo, por el tufillo clientelar que desprende" continúa Cayo Lara. De igual forma, Grosske responde al vicepresidente del Gobierno de Política Territorial que "los fondos extraordinarios de inversión local que Manuel Chaves califica de ‘vías puntuales' de financiación de los municipios, no son tales. Han sido útiles, en términos generales, para generar empleo y para la mejora de equipamientos e infraestructuras. Sin embargo, para los ayuntamientos, como tales, han supuesto más gastos y más presión sobre sus servicios administrativos, ya muy tensionados por las crecientes demandas de los Servicios Sociales y de todo tipo de prestaciones educativas, de vivienda, etc".

"Lo que de verdad necesitan los ayuntamientos -señala- es financiación en gasto corriente que les permita hacer frente a las crecientes necesidades sociales de la población".

Cayo Lara analiza también la contradicción que refleja esta situación y afirma que "resulta sorprendente que, mientras se ayuda a los ayuntamientos a proporcionar puestos de trabajo a los parados de sus municipios a través de la financiación de obras locales, algunos de estas corporaciones tengan que recurrir a despidos de su personal mediante ERE o prejubilaciones porque no pueden pagar las nóminas por problemas financieros".