* Primero. La Voz de Iñaki Gabilondo
* Segundo. ACAMPADA JUBILADOS por el REFERÉNDUM
* Tercero. IU Provincial de León en contra de la reforma exprés de la constitución
IU provincial de León denuncia que la reforma constitucional propuesta por el PSOE y el PP supondrá la amputación del Estado del bienestar para cumplir el mandato de los mercados.
* Cuarto. El presidente de la UE no cree necesario el límite de déficit en la Constitución
El presidente del Consejo de la Unión Europea, Herman Van Rompuy, no considera necesaria la "regla de oro" que limita el déficit del Estado en la Constitución. Así lo ha asegurado el responsable de la UE, solo un día después de que en España, el Congreso de los Diputados haya dado el primer paso en la reforma constitucional que establece el principio de estabilidad presupuestaria.
Rompuy ha añadido que esta medida "puede ayudar" a reducir el déficit pero "los Gobiernos no tienen necesidad" de aplicarla para sanear sus finanzas públicas, según ha declarado al canal televisión privado LCI. A lo que ha añadido que los Ejecutivos pueden tomar medidas contra el déficit sin necesidad de incluir una "regla de oro" en la Carta Magna.
* Quinto. Paco Arnau: "El Golpe"
Esta reforma, cuyos defensores en la derecha del espectro político —ya sea desde el gobierno o desde su “oposición”— nos venden también como una especie de designio fatal del los tiempos que corren (una imposición de la Unión Europea o de su eje franco-alemán), confirma algo que ya venían avanzando lo más destacados economistas de izquierdas desde el estallido de la burbuja financiera-especulativa en EEUU en 2008: que esta crisis implica en realidad un golpe del poder económico capitalista en Occidente cuyo fin es eliminar los últimos restos del Estado del bienestar surgido en Europa Occidental tras la Segunda Guerra Mundial, para así dar rienda suelta a un capitalismo especulativo desbocado desde el momento histórico que dio inicio a la actual etapa: la disolución de la URSS hace dos décadas. Un acontecimiento que —de seguir así las cosas, esperemos que no— podría ser definido por los historiadores del futuro como el principio del fin de la Edad de los derechos del hombre y del ciudadano que se inició en 1789 con la Toma de la Bastilla de París.
Leer más: http://ciudad-futura.net/2011/08/25/el-golpe/
* Sexto. Juan Torres y Alberto Garzón Espinosa: Acuerdo PSOE-PP sobre la deuda, un pacto que perjudica a España
La reforma que proponen los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, consistente en limitar desde la constitución el déficit y la deuda pública es una medida que impedirá salir de la crisis y que España elimine el déficit social que tiene respecto a los países de su entorno y, además, constituye un ataque frontal a los principios más elementales de la democracia que demuestra que el capitalismo neoliberal es cada vez más incompatible con esta última. No sólo por la forma sugerida para aprobar la reforma de la constitución, sin que medie referéndum y pronunciamiento directo del pueblo, sino también porque su contenido mismo restringe el margen de maniobra que tienen los Estados para gestionar su economía. Por esa razón hemos decidido escribir este artículo, de ánimo divulgativo, en el que revelamos los enormes problemas económicos de una medida profundamente antidemocrática.
* Séptimo. Promotora Estatal de las mesas Ciudadanas de Convergencia y Acción: "Golpe de Estado Económico"
Uno de los grandes mitos de las políticas neoliberales que han provocado la crisis más grande de los últimos cien años es que los gobiernos no pueden endeudarse y que deben cerrar sus cuentas con “déficit cero”, el llamado principio de “estabilidad presupuestaria”.
Se trata de un principio cuya bondad intrínseca nadie ha podido demostrar en la ciencia económica y buena prueba de ello es que los gobiernos se lo han tenido que saltar continuamente para evitar males mayores y poder gestionar adecuadamente la economía.
La estabilidad presupuestaria equivale a conducir un automóvil con la dirección fija, sin tener en cuenta que hay que girar a izquierda o derecha cuando se presentan curvas en el camino. Así, cuando una economía va mal y le falta impulso proveniente de la iniciativa privada, la única solución es el gasto público, como acabamos de ver en la crisis reciente. E incluso cuando va bien es cuando una economía puede permitirse cierto endeudamiento para poder invertir en aquellos bienes (obras públicas, colegios, hospitales, centros de investigación…) que tienen un alto coste y no se pueden pagar en un solo momento pero que van a utilizarse por varias generaciones. Sobre todo, las economía como la española que todavía sufren graves déficits sociales y económicos con su entorno.
Por esa razón, renunciar al endeudamiento público es renunciar a la financiación de esos bienes y servicios que son claves para el bienestar de las personas (sobre todo de las que no tienen ingresos para adquirirlos en el mercado) y para las empresas, que no podrían por sí solas financiar el capital social que necesitan para obtener beneficios y crear empleo.
Si la prohibición de incurrir en endeudamiento va acompañada, como además proponen los gobiernos neoliberales, de reducciones de impuestos, la consecuencia inevitable solo puede ser una peor y más insegura gestión económica y una menor provisión de esos bienes públicos, es decir, más crisis, menos empleo y menos riqueza privada y social.
La razón por la que los neoliberales, como ahora Zapatero, se empeñan en adoptar esta medida económicamente irracional es muy clara: abrir la puerta para el negocio privado porque disminuyendo y empeorando la provisión de bienes y servicios públicos es como se puede justificar ante la población una mayor oferta de esos mismos bienes por el mercado. Y, además, porque de esa forma se facilita el incremento de la deuda privada que es el gran negocio de la banca. Pero incluso denunciamos algo más grave y es que se “constitucionaliza” el neoliberalismo, consagrando en la carta magna una determinada ideología política, ultra-liberal y ultra-conservadora.
Todas estas razones hacen que el acuerdo propuesto por el presidente Zapatero en una aplicación política del Pacto del Euro, sea EL MÁS PELIGROSO Y DAÑINO PARA EL BIENESTAR SOCIAL DEL PUEBLO ESPAÑOL DESDE LA MUERTE DEL DICTADOR porque condenará a la economía española a permanecer en situación de desventaja y a no poder mejorar nunca su modelo productivo, ni su competitividad, ni sus estándares de bienestar social.
Pero si estas razones justifican de por sí mismas la oposición a este acuerdo, la intención de adoptarlo mediante una reforma de la Constitución sin referéndum, es decir, sin debate social y sin que la población pueda tener información, deliberar y pronunciarse constituye en nuestra opinión UN GOLPE DE ESTADO ECONÓMICO que hay que rechazar por todos los medios pacíficos y democráticos a nuestro alcance.
Por estas razones la Promotora estatal de la red de Mesas Ciudadanas de Convergencia y Acción llama a todas las organizaciones, sindicatos, partidos, movimientos sociales y personas amantes de la justicia y defensoras del Estado de Derecho, el autogobierno, los estatutos de autonomía y el bienestar social a movilizarse en todas los rincones de nuestras ciudades y centros de trabajo para expresar su rechazo solicitando por todos los medios a su alcance la CONVOCATORIA DE UN REFERENDUM VINCULANTE y la apertura de un debate social plural y auténticamente democrático sobre esta medida.
* Octavo. Golpe de Estado Neoliberal
* Noveno. VicenÇ Navarro.
A) "Un referéndum necesario"
El problema del sector público (del cual el mayor componente es el Estado del bienestar) no es que sea excesivo, sino que está poco desarrollado. España está a la cola de la Europa social (su gasto público social por habitante es el más bajo de la UE-15). Como resultado de ello, sólo uno de cada diez españoles adultos trabaja en los servicios públicos (primordialmente en los servicios públicos del Estado del bienestar). En Suecia, sin embargo, es uno de cada cuatro. Si en España fueran cuatro, se crearían casi cinco millones de puestos de trabajo, eliminándose el desempleo.
Y no nos engañemos. Lo que desean las fuerzas conservadoras, lideradas por Merkel y Sarkozy en la UE, y por Rajoy en España (y ahora por Zapatero), es salir de la crisis a base de reducir todavía más los ya escasamente financiados estados del bienestar de los países periféricos de la eurozona, incluyendo España. De ahí su propuesta de escribir en piedra (poniéndolo en la Constitución) la limitación del gasto público exigiendo una eliminación del déficit público. Su aplicación a España significaría un obstáculo para la corrección de su enorme déficit social. Exigir limitaciones de tal gasto (en un contexto de escaso crecimiento y de reducción de impuestos) no es sólo un suicidio económico (pues se pierde la oportunidad de estimular la economía), sino también una condena a mantener subfinanciado el Estado del bienestar español.
Leer más: http://blogs.publico.es/dominiopublico/3895/un-referendum-necesario/
B) "¿Salvar el Estado del bienestar?"
Los portavoces de los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, justificaron en las Cortes españolas la constitucionalidad de la medida que aprobaron, que fuerza al Estado a tener un equilibrio presupuestario, con el argumento de que se “requería tal medida a fin de salvar el Estado del bienestar”. Según ellos, una medida que obligará a realizar recortes sustanciales del gasto público (del cual el gasto público social es el mayor componente) para eliminar el déficit del Estado es necesaria para salvar al escasamente financiado Estado del bienestar. Puesto que España es el país de la UE-15 (el grupo de países más ricos de la UE) que tiene el gasto público social por habitante más bajo, es difícil de entender cómo mayores recortes de tal gasto –que el equilibrio presupuestario exige– van a corregir el enorme déficit de gasto público social de España.
Una respuesta a esta contradicción podría ser la aportada por dirigentes conservadores de persuasión neoliberal, como dirigentes del Partido Popular, que han subrayado que el descenso del gasto público (incluyendo el social) estimulará la economía y con ello aumentará el crecimiento económico y, por lo tanto, los ingresos al Estado, incluyendo el gasto público social. Pero como bien han señalado Joseph Stiglitz, Paul Krugman, Dean Baker y toda una larga lista de economistas que poseen mayores conocimientos económicos que tales dirigentes políticos, las políticas de recortes de gasto público (incluyendo gasto público social) en este momento de recesión son contraproducentes, pues reducen todavía más la demanda de bienes y servicios, que está estancada como resultado de que la población está enormemente endeudada y, por lo tanto, tiene escasa capacidad de compra y consumo. Grecia, Irlanda y Portugal están mostrando que la reducción del gasto público les está abocando a una continua recesión. De ahí que el argumento de que recortando en momentos de recesión el gasto público se facilitará la recuperación económica es poco creíble. En realidad, la propia experiencia española demuestra el error de tal supuesto. Los recortes de gasto público están contribuyendo al estancamiento de la economía española.
Igualmente sorprendente es la argumentación, bastante extendida entre dirigentes del PSOE, que señala que los cambios supuestamente introducidos por su candidato, Alfredo Pérez Rubalcaba, salvan tal reforma porque garantizan la supervivencia e incluso refuerzan el Estado del bienestar. Así, Felipe González señaló recientemente (30-08-11) que, aun cuando la propuesta inicial del Partido Popular –que era exigir un déficit cero en los presupuestos venideros– era un “disparate”, saludó, sin embargo, la propuesta final aprobada, gracias a la intervención del candidato Rubalcaba, que permitirá un déficit de un 0,4% del PIB. Tal porcentaje es, a todas luces, excesivamente bajo. En realidad, en los últimos 20 años, tal como ha subrayado David Lizoain, ni la zona euro, ni la OCDE en su conjunto tuvieron un déficit estructural inferior al 0,4% ni un sólo año. Alemania lo consiguió sólo un año, EEUU, tres años, Reino Unido, cuatro, y España, también cuatro, a costa, por cierto, de tener el gasto público por habitante más bajo de la UE-15.
Se podría argumentar que los países escandinavos de tradición socialdemócrata, y muy en particular Suecia, han sido países con gran número de años con superávit en sus presupuestos nacionales. Ahora bien, su carga impositiva es mucho mayor que en España y los ingresos al Estado representan un porcentaje mucho mayor del PIB que España. Las cifras hablan por sí mismas. En España, tales ingresos representan sólo un 32% del PIB, mientras que en Suecia son un 52%. En realidad, si España tuviera la política fiscal de Suecia, su Estado ingresaría 200.000 millones de euros más, cantidad suficiente para eliminar el déficit del Estado y corregir el enorme déficit de gasto público social de España.
Es poco probable, sin embargo, que las fuerzas que están pactando el déficit del 0,4% favorezcan un incremento sustancial de los impuestos y de su progresividad (los ricos en España tributan sólo el 20% de lo que tributan los ricos en Suecia). En realidad, durante estos últimos 15 años, ambos partidos han estado reduciendo los impuestos, debilitando su progresividad.
El tipo efectivo del IRPF que abonan las rentas más altas se ha reducido en 18 puntos, la gran empresa tributa un 10% menos por sus beneficios y la banca se ha beneficiado de la enorme tolerancia, cuando no complicidad, de las autoridades públicas hacia el fraude fiscal.
De todo lo dicho es difícil concluir que las medidas propuestas salvarán el Estado del bienestar. En realidad, lo que estamos viendo ahora es la repetición de lo que ocurrió en el periodo 1993-2008. La reducción del déficit público, requerido por el criterio de Maastricht, se consiguió a costa, no de aumentar los impuestos (que en realidad bajaron, sobre todo en las rentas superiores, reduciéndose un 37% para las rentas de más de 300.000 euros, pero sólo un 1,7% para la mayoría de la población que tributa al Estado), sino de disminuir el gasto público y sobre todo el gasto público social. Durante aquel periodo, la diferencia de gasto público social por habitante entre España y el promedio de la UE-15 aumentó considerablemente, de forma que en 2007, al inicio de la crisis, tal déficit de gasto público social de España con el promedio de la UE-15 era mayor que en el año 1993, cuando se iniciaron las políticas de austeridad. En España, los déficits públicos siempre se han reducido a costa de su Estado del bienestar. Creerse que ahora va a ser diferente es ignorar el temor del Estado español (tanto central, como autonómico) a enfrentarse con aquellos colectivos de mayores ingresos (que obtienen sus ingresos de las rentas del capital) y que no aportan al Estado lo que aportan sus homólogos en la UE-15. Así de claro.
Fuente: http://www.vnavarro.org/?p=6138
* Décimo. Rafael Escudero Alday: "Déficit de cultura democrática"
La propuesta del presidente del Gobierno –respaldada por el PP– de reformar la Constitución para introducir en ella una regla que limite el déficit público y el endeudamiento del Estado pone de manifiesto, precisamente, el déficit de cultura democrática y constitucional de nuestros dirigentes.
Sorprende la rapidez con la que se quiere tramitar esta reforma–ya el presidente del Congreso ha sugerido fechas para un pleno extraordinario el 30 de agosto– con las cautelas que siempre se han alegado por los dos partidos mayoritarios a la hora de reformar la Constitución. Hasta la fecha, sólo ha habido una reforma, en 1992, para adaptar el texto al Tratado de Maastricht, y las tímidas propuestas formuladas para modificar algunos de sus puntos siempre cayeron en saco roto.
Ahora, se fundamenta la urgencia en la necesidad de adoptar medidas que fortalezcan la confianza en la economía española y que avancen en el proceso de consolidación de la unión económica y monetaria. Se argumenta que la reforma se llevará a cabo a través del procedimiento simple que prevé la Constitución en su artículo 167. Es decir, que basta con su aprobación por una mayoría de tres quintos de cada Cámara, Congreso y Senado. Sólo si lo solicitara el 10% de los miembros de cualquiera de las cámaras, la reforma sería sometida a referéndum para su ratificación por la ciudadanía. Aunque el portavoz de IU ha anunciado que así lo solicitará, esta última posibilidad es difícil que prospere dado el equilibrio de fuerzas existente en el Parlamento.
Esta vía hace pensar que el nuevo texto se incluirá previsiblemente en el Título VII de la Constitución: “Economía y Hacienda”. Sus artículos contienen una serie de mandatos heterogéneos relativos al rol de los poderes públicos en el desarrollo y planificación de la actividad económica. Introducir un límite al déficit público en este título oculta el verdadero alcance de esta medida, cuyas consecuencias suponen una modificación sustancial del Estado social y democrático de derecho consagrado en el artículo 1 de la propia Constitución. Por un lado, la limitación del gasto público afecta decididamente a derechos como la educación y la sanidad que vertebran el Estado social. Por otro, excluir a la ciudadanía de una decisión de tal calado supone un nuevo golpe a ese Estado democrático al que se dice aspirar. En pocas ocasiones como esta se pone de manifiesto con tanta claridad cómo el recorte en derechos sociales suele ir acompañado de una merma de derechos políticos.
Por ello, hay razones para pensar que la vía sugerida para tramitar la reforma no es la que pretende la Constitución para una decisión de tanta importancia. Su artículo 168 establece que cuando se trate de una revisión total o de una parcial que afecte al Título Preliminar –que contiene las bases del Estado social y democrático de derecho–, a los derechos fundamentales o a la Corona, la reforma requerirá un procedimiento agravado con los siguientes pasos: aprobación inicial por dos tercios de cada Cámara, inmediata disolución de las Cortes, aprobación de la reforma por idéntica mayoría de las nuevas cámaras y ratificación mediante referéndum. Un procedimiento más garantista, que requiere la participación directa de la ciudadanía ante decisiones relativas al núcleo duro del texto constitucional.
Este procedimiento es el que se pretende evitar por los proponentes de la reforma. Para ello alegan que esta no afecta al núcleo duro de la Constitución, desvinculando así el límite del déficit con las políticas sociales. Sin embargo, la relación existente entre la regla de techo de gasto y el Estado social de derecho exige que su inclusión en el texto constitucional se haga en la parte que define sus aspectos esenciales, es decir, en su Título Preliminar. Que la medida en cuestión no se incluya en este título ofrece serias dudas sobre la constitucionalidad de la propia reforma.
Hasta la fecha, el Gobierno había sostenido que bastaba la ley para garantizar el control del gasto público y la estabilidad presupuestaria. ¿A qué se debe este súbito cambio de opinión? Apadrinada por el eje franco-alemán, la reforma constitucional es una insistente demanda de los mercados y que, asimismo, podría estar incluida en la famosa carta con las condiciones que el Banco Central Europeo manda a los estados cuya deuda compra. Aunque se intuye, esto último nunca lo sabremos; por lo menos, hasta que el presidente del Gobierno –en un deseable ejercicio de transparencia democrática– haga público el contenido de dicha carta.
Lo que no ofrece dudas es la nula legitimidad política con que cuenta este Parlamento a la hora de abordar una reforma constitucional. En el mes de agosto, y con la fecha de las próximas elecciones ya anunciada para noviembre, el Parlamento se dispone a realizar una reforma exprés sin posibilidad alguna de debate ciudadano. El mensaje que se transmite es que las reformas económicas demandadas por entidades tan poco democráticas como el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional o los mercados, han de hacerse de forma urgente y perentoria, ignorando que tales reformas suponen una redefinición de los aspectos centrales de la Constitución y requieren, por ello, la participación ciudadana mediante referéndum.
¿Es este el mensaje que el Parlamento español quiere lanzar a una ciudadanía que demanda en las calles más y mejor democracia? ¿Es esta la democracia que queremos?.
Fuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/3891/deficit-de-cultura-democratica/
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